La Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) había criticado un artículo propuesto en la ley Presupuesto. En su versión original (artículo 675 del texto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento), proponía: «Todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros o de alojamiento turístico, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias y las sanciones aplicables a éstas últimas». La CEDU planteaba que, tal como estaba redactado (y pese a ser un traje hecho a la medida de Uber y Airbnb), impactaría también en el negocio de empresas nacionales. La gremial fue recibida por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y finalmente el artículo aprobado (el 731) introdujo una modificación. En el caso de la prestación de servicios de alojamiento turístico solamente se aplicará a las entidades no residentes. De todas maneras, este cambio no terminó de conformar a los empresarios del sector. El vicepresidente de la CEDU, Álvaro Lamé, dijo a El Observador que la iniciativa estuvo «mal encarada» desde su punto de vista por haberse hecho «con nombre y apellido»: Uber y Airbnb. El empresario añadió que se trata de «modelos innovadores, disruptivos», que traen consigo cambios en los modelos de comercialización de productos que siguen teniendo demanda. Si bien Lamé celebró que se haya escuchado a los operadores locales del sector, a su criterio el artículo «no tiene sentido». Asimismo, se refirió a lo complejo que puede ser lograr que empresas como Uber efectivamente tributen. «Es muy difícil después ir atrás de ellos para cobrarles nada» explicó.